
Los líderes de las 20 economías más grandes del mundo, reunidos en el formato del G20, han anunciado su apoyo a la creación de un Estándar de Información sobre Criptoactivos (CARF) y enmiendas al Estándar de Información Común (CRS). Esta iniciativa busca facilitar el intercambio de información entre países a partir de 2027, lo que tendrá un impacto significativo en la regulación de los criptoactivos a nivel global.
Un Cambio que Afecta a las Principales Economías
La declaración firmada por los líderes del G20 involucra a países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Dado que dos tercios de la población mundial vive en países del G20, esta medida tendrá un impacto masivo.
El Papel de la OCDE
El Estándar de Informes de Activos Criptográficos, introducido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en octubre de 2022, tiene como objetivo otorgar a las autoridades fiscales un mayor control sobre las transacciones criptográficas y sus actores.
Intercambio Automático de Información Criptográfica
Según esta iniciativa, los países compartirán automáticamente información sobre transacciones criptográficas de forma anual. Esto abarca transacciones en intercambios de criptomonedas no regulados y proveedores de billeteras de criptomonedas.
Apoyo a la Regulación y Supervisión
El grupo también respalda las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la regulación, supervisión y control de las actividades relacionadas con los criptoactivos y las monedas estables globales. Estas recomendaciones buscan establecer estándares similares a los de los bancos comerciales para las monedas estables y prohibir actividades que dificulten la identificación de los participantes.
Un Futuro Regulado para la Criptoeconomía
Este movimiento hacia un estándar internacional para criptoactivos representa un paso importante hacia la regulación y supervisión de un mercado que ha estado en gran parte no regulado hasta ahora. Si bien busca abordar preocupaciones legítimas sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal, también plantea interrogantes sobre la privacidad y la descentralización que caracterizan a las criptomonedas.
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